Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS): La guerra contra los servicios públicos

Plataforma por la defensa de los servicios públicos y contra el AGCS

DHay una guerra en marcha contra el pueblo iraquí como ayer la hubo contra el pueblo afgano, y siempre contra el pueblo palestino. Una coalición de corporaciones del petróleo el armamento y el tabaco que actualmente gobiernan en Washinghton ha señalado una serie de pueblos como objetivos de su maquinaria de guerra y destrucción.

Pero hay otra guerra permanente, sorda, cotidiana que libra una coalición de corporaciones más amplia que tiene su secretaría en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Comenzó en los años 70 del pasado siglo, en primer lugar contra los derechos de los trabajadores y su capacidad para determinar sus condiciones de empleo y sueldo. Y ha extendido sus objetivos hacia el conjunto de los derechos sociales buscando, a través de su desaparición y conversión en mercancías, abrir posibilidadces de negocio y acumulación para intentar atajar la inacabable secuencia de crisis del sistema capitalista.

En forma similar a como el FMI y el gran capital financiero presionan a los Estados endeudados para que reduzcan sus gastos y derechos sociales, la OMC y las grandes corporaciones lo hacen para que la totalidad de los servicios públicos sean ofertados para su gestión a los monopolios de cada sector ; y, a eso, lo llaman “liberalización”.

Es verdad que hay tras esa presión del capital transnacional y sus agencias, una idelología pretendidamente justificadora que ha sido sistematicamente actuada por intelectuales y políticos conservadores pero también de la izquierda del sistema. Es el discurso de la ineficiencia de lo público y la superioridad de la empresa privada para gestionar de forma más barata y con más calidad los servicios.

Tras esa fachada ideológica hemos podido ver el rostro de la explotación más descarnada, la degradación de los servicios y los derechos ciudadanos, la banalización de la democracia. El poder de las corporaciones es totalitario; no sólo persigue apoderarse del último resquicio de nuestro planeta no sometido a su dominación, sino colonizar también la totalidad de las dimensiones de la vida en sociedad para convertirlas en mercancías.

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios adoptado en Marrakech en 1994, consagra la hegemonía neoliberal al proclamar como principio la apertura al comercio internacional de cualquier tipo de prestación de servicios en el interior de un Estado, excepción hecha de la defensa, la seguridad pública, la justicia y las instituciones penitenciarias. En su virtud, y a través de un dilatado procedimiento que ahora se acerca a su momento crucial, los Estados miembros deben hacer explícitos sus demandas de liberalización pro sectores y las ofertas de liberalización que están dispuestos a llevar a cabo justificando aquellos sectores en donde se desea mantener restricciones a la liberalización.

De acuerdo con la lógica neoliberal, el objetivo es más que evidente. Se trata de convertir las inmensas necesidadeds básicas de las poblaciones en oportunidades de negocio para una economía mundial que, a la sazón “primeros noventa”, está viviendo una nueva fase recesiva tras la crisis de la burbuja especulativa de los 80 y el crak bursátil de 1987. Las necesidades de los pueblos del Tercer Mundo, desde luego, en buena medida carentes de los más elementales servicios básicos que sus Estados han sido incapaces de proveer. Pero también las necesidades de los pueblos que han visto derrumbarse los servicios proporcionados por los Estados burocráticos del Este sin que hasta ahora el capitalismo los haya sustituido por el bienestar prometido. Y, en fin, los pueblos que hemos disfrutado de un más o menos amplio Estado del Bienestar, objeto de los ataques de Gobiernos diferentes inspirados por la ideología neoliberal.

El proceso está muy avanzado y se desenvuelve, como suele ocurrir bajo el dominio de los paladines de la “sociedad abierta”, en el más absoluto de los secretos que pretende ser compensado con un procedimiento de consulta con representantes de la sociedad civil que, en realidad, humillan a quienes se avienen a participar en esta mascarada. La Comisión de la UE , que negocia en nombre de los Estados miembros, no se ha dignado a informar al Parlamentoe Europeo, alegando que informa puntualmente a los gobiernos de estos Estados que son quienes deben responder ante su opinión pública. Los Estados miembros mantienen un diferente nivel de transparencia, desde Bélgica y Holanda con un apreciable flujo de información a sus parlamentos y a diferentes interlocutores sociales, hasta el Estado Español que se distingue por un notable desconocimiento del AGCS -su significado, alcance y efectos- entre la mayoría de la clase política y de las organizaciones de la sociedad civil.

Resulta escandaloso, en todo caso, que decisiones que determinan el ejercicio de derechos básicos de ciudadanía como la salud, la educación y el medio ambiente, estén sustanciándose prácticamente al margen de los representantes de la soberanía popular. Si se consumaran estas decisiones la democracia, en la UE y en el Estado Español, sufriría un revés adicional al que supondría el apoyo a la guerra, en contra de la mayoritaria opinión de las ciudadanas y ciudadanos.

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