Alegaciones contra el SAU I

Al.- Sr. Alcalde de Guadalix de la Sierra
Copia.- Servicios Técnicos Municipales.
Pza. Consistorial
28794 Guadalix de la Sierra (Madrid)

Guadalix de la Sierra a ……. de noviembre de 2006.
D/Da. ....................................................................................... con DNI .......................................... y domicilio a efectos de la notificación de la c/...............................................................................

EXPONE

1. Que en el BOCM Núm. 267 de fecha 9 de noviembre de 2006 aparece publicada la aprobación inicial del Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización que afecta al SAU-I de las Normas Subsidiarias de Guadalix de la Sierra.
2. Que a tenor de lo dispuesto en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid y otras, contra dicho Plan Parcial y del Proyecto de Urbanización, presento las siguientes:

ALEGACIONES

1. Existe una incompatibilidad clara y manifiesta en las figuras del Arquitecto redactor del Plan Parcial, D. Antonio Solano Enguita y del Arquitecto Municipal (arquitecto honorífico) encargado de visarlo e informarlo dentro del Ayuntamiento, D. Rafael Martínez Díaz, pues ambos son coadministradores de la empresa MDS Arquitectos S.L. y ninguno de los dos ha obtenido la compatibilidad concedida por el Pleno de la Corporación puntualmente para la redacción de este Plan Parcial. Incompatibilidad que argumento en:
a) El artículo 2.1.c) de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (LIPSAP) establece que dicha Ley será de aplicación al personal al servicio de las Corporaciones Locales y de los organismos de ellas dependientes. Y añade en su punto 2 que en el ámbito delimitado en el apartado anterior se entenderá incluido todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo.
b) Por su parte el artículo 89 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) señala que el personal al servicio de las Entidades Locales estará integrado por funcionarios de carrera, contratados en régimen de Derecho laboral y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial. Así pues, queda excluida la figura Honorífica.
c) Por lo tanto, la LIPSAP parece que no es de aplicación a los arquitectos honoríficos de los Ayuntamientos, dado que no forman parte del personal al servicio de las Corporaciones Locales.
d) La relación de los arquitectos honoríficos con el Ayuntamiento es lo que la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 17 de marzo de 1981, de la que es ponente D. Luis Cabrerizo Botija, denomina una «nada jurídica» que, desde el punto de vista funcionarial, en cualquiera de sus manifestaciones orgánicas o de servicios, en ningún sentido constriñe u obliga.
e) Analizando definitivamente que criterios legales han de aplicarse a la hora de determinar las posibles incompatibilidades en las que puedan incurrir los arquitectos honoríficos, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 17 de marzo de 1981, de la que es ponente D. Manuel Gordillo García, en su Considerando 4º declara:

«Que por lo que se refiere a la falta de tipicidad de la falta sancionada, aducida por el demandante, sin perjuicio de tener que afirmar que el principio básico en Derecho Penal de la tipicidad y la antijuricidad en la conducta del sujeto infractor, deben concurrir, también, en las infracciones administrativas o profesionales; las que se configuren, preferentemente, como infractoras de las normas deontológicas que vienen determinadas y tipificadas, en razón de la lesión causada al prestigio y moral colectiva del Cuerpo, Colegio o Colectividad e indirectamente a los intereses individuales de sus miembros; supuesto que incide en el hecho de actuar en el ejercicio de una actividad privada, la de Arquitecto, con la posible facilidad de obtener los permisos y autorizaciones administrativas que deben ser garantía de la adecuación de unas obras, Planes o Proyectos Urbanísticos a la normativa superior que regula el uso o aprovechamiento del suelo; siendo suficiente que exista esa colisión ética, con la consiguiente desconfianza social respecto a la probidad profesional del Arquitecto, para que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3.º y 39 de los Estatutos del Colegio de Arquitectos, 5.1 de las Normas Deontológicas del Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares y 25 de las aprobadas por el Consejo Superior de los Colegios de España, se produzca una falta de ética profesional, que no excluye otros juicios que pudieran hacerse acerca de la naturaleza penal, o de infracción administrativa funcionarial sobre estos mismos hechos».

f) Pues bien, el Reglamento de Normas Deontológicas de Actuación Profesional de los Arquitectos del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Comunidad Autónoma a la que pertenecen ambos arquitectos, aprobado por la Asamblea General de Juntas de Gobierno de los Colegios de Arquitectos en sesión de 7 y 8 de mayo de 1971 y revisado en la de 22 de noviembre del mismo año, cuya última modificación parcial para su adaptación a los Estatutos Generales, fue aprobada por la Asamblea General del Consejo Superior de 28 de noviembre de 2003, en su artículo 25 indica que:

«Ningún arquitecto podrá aceptar encargo o asumir cargo alguno en condiciones de incompatibilidad. Se entiende que existe situación de incompatibilidad, además de cuando legalmente esté establecida, cuando exista colisión de derechos, e intereses que puedan colocar al arquitecto en una posición equívoca, implicando un riesgo para su rectitud o independencia. El ejercicio de la profesión por quien estuviere en situación de incompatibilidad, se considerará especialmente falta profesional, sin perjuicio de las actuaciones legales procedentes».

g) El artículo 28 del Reglamento de Normas Deontológicas de Actuación Profesional de los Arquitectos del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid ordena que:

«todo arquitecto, concurra o no en él la condición de funcionario, deberá abstenerse de informar ejerciendo funciones de control o de carácter resolutorio en aquellos asuntos en los que tenga algún interés propio o lo tengan quienes con él estén en relación de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo».

h) El artículo 27 del citado Reglamento extiende las incompatibilidades que puedan existir para un determinado profesional a sus colaboradores y a los compañeros con él asociados.
i) El artículo 33 del mismo cuerpo legal prevé que:

«ante cualquier tipo de duda sobre la concurrencia de una causa de incompatibilidad, se deberá someter el caso concreto a la Junta de Gobierno del Colegio, con aportación de toda clase de datos, para que resuelva y dictamine lo procedente de acuerdo con las normas legales, reglamentarias, y las de actuación profesional contenidas en este Reglamento».

j) Por otra parte, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en su sesión de 12 de diciembre de 2005, y en virtud a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y empresas dependientes, el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (artículo 145), y la normativa propia de la Comunidad Autónoma de Madrid, en lo que se refiere al personal al servicio de las mismas, y las Normas Deontológicas colegiales adoptó el siguiente acuerdo (acuerdo 2005.J/33):

“1º) COMUNICAR A TODOS LOS COLEGIADOS LA INCOMPATIBILIDAD DE LOS ARQUITECTOS MUNICIPALES HONORÍFICOS, PARA EL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESIÓN, DENTRO DEL TÉRMINO DE SUS RESPECTIVOS AYUNTAMIENTOS, EN TODOS AQUELLOS SUPUESTOS EN LOS QUE: PUEDA PRODUCIRSE LO QUE SE DENOMINA ÁREA DE COINCIDENCIA, MENOSCABE EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES O COMPROMETA SU IMPARCIALIDAD O INDEPENDENCIA.
2º) EN CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE, NO VISAR NINGÚN TRABAJO PROFESIONAL DE ARQUITECTO MUNICIPAL HONORÍFICO, INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD, SALVO RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD DICTADA POR EL ÓRGANO COMPETENTE Y ACREDITADA DOCUMENTALMENTE.
3º) ESTABLECER LA FECHA DE APLICACIÓN DEL ACUERDO A UNO DE MARZO DE 2006.”


k) Además, la misma Junta de Gobierno del COAM, en su sesión 2006.J/09 celebrada el día 6 de Marzo de 2006, adoptó, entre otros, el Acuerdo que a continuación transcribo:
“APROBAR EL DOCUMENTO DE REQUISITOS PARA LA DECLARACION DE COMPATIBILIDAD DE LOS ARQUITECTOS MUNICIPALES HONORIFICOS, CON LA CONDICION FUNDAMENTAL DE QUE LAS DECLARACIONES DEBERAN ESTAR APROBADAS POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, Y SE DEBERÁN PRESENTAR DECLARACIONES PARA CADA TRABAJO PUNTUAL; NO SIENDO ACEPTADAS DECLARACIONES GENERICAS.
“ 1.- ÓRGANO COMPETENTE.
Ayuntamiento o Corporación para la que el colegiado presta sus servicios profesionales como Arquitecto Municipal.
2.- CONTENIDO
La declaración de compatibilidad realizada por el órgano competente deberá indicar, expresamente y por escrito, que el colegiado no se encuentra incurso en causa de incompatibilidad para el ejercicio de actividad profesional en el municipio, que impida o menoscabe el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometa su imparcialidad o independencia, según lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 145 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 10 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, mencionando las citadas disposiciones.
3.- FORMA JURÍDICA
La declaración de compatibilidad deberá acreditarse mediante certificación o copia compulsada de:
§ - Acuerdo del pleno municipal
§ - Alcance: Únicamente para cada trabajo puntual
§ - El COAM rechazará cualquier otra posibilidad.
En todo caso, se recuerda que los Arquitectos Municipales (también los Aparejadores o Arquitectos Técnicos) son incompatibles para el ejercicio de su profesión, dentro del término de sus respectivos Ayuntamientos, en todos aquellos supuestos en que pueda producirse los que se denomina “área de coincidencia”, que dan lugar a la posibilidad de que los medios y facultades concedidas al funcionario por razón de su cargo puedan ser utilizadas en provecho particular, en perjuicio del interés público y, por lo menos, del prestigio que por su objetividad, imparcialidad e independencia debe rodear al funcionario o empleado público. (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 4 de junio de 1986).
Hay que entender, en consecuencia, que la función desempeñada es la que define la incompatibilidad, al margen de que sea retribuida o no, resultando evidente la existencia de un área de coincidencia en la pertenencia a un departamento entre cuyas funciones esté el informe de las licencias urbanísticas y el ejercicio de las competencias de disciplina urbanística, al margen de que se hagan personalmente o no.
3.- TRAMITACIÓN COLEGIAL
El colegiado deberá presentar en el COAM el citado certificado de compatibilidad a junto con el expediente al que hace referencia, siendo conocido por la Junta de Gobierno y, en su caso, aceptado e incluido en la base de datos colegial como actuación puntual de un Arquitecto Municipal en el ejercicio profesional dentro de su municipio.”
l) Téngase en cuenta, demás, que el artículo 84 de los Estatutos del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid considera infracciones las acciones u omisiones de los arquitectos que vulneren las Normas Deontológicas de actuación profesional, tipificándose como grave en el artículo 85.c) realizar actividades profesionales incompatibles por razón del cargo o función desempeñados o en asociación o colaboración con quienes se encuentren afectados por dicha incompatibilidad.
m) Por lo tanto, ante la inexistencia de ninguna relación entre los Ayuntamientos y sus Arquitectos Honoríficos, lo que, como he mencionado anteriormente, impediría la aplicación de la LIPSAP, habrá que acudir a la aplicación de las normas de incompatibilidad establecidas por el Código de Deontología del Colegio Oficial de Arquitectos y es su Junta de Gobierno (acuerdo 2005.J/33) la que hace mención y uso expreso de la LIPSAP para declarar y argumentar la incompatibilidad de los Arquitectos Honoríficos para ejercer profesionalmente dentro del término de sus respectivos municipios. En definitiva, que entiendo que la LIPSAP sí es de aplicación a los Arquitectos Municipales Honoríficos que ejercen en la Comunidad de Madrid y en particular al que presta sus servicios en el Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra.
2. Se están incumpliendo las NN.SS. y la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid:
a) Toda la tipología de vivienda aprobada para el conjunto de este SAU-I es del tipo libre. La ficha original de las NN.SS. y la modificada en 2001 establecen como uso permitido del suelo el residencial en régimen de vivienda libre y terciario comercial (hasta un 5% del total de la edificabilidad). En 2001 se incorpora una parcela perteneciente originalmente al SAU-9 subiendo la superficie del sector de 9,65 Ha originales a las 14,55Ha actuales (prácticamente se suma el total de la superficie del SAU-9) subiendo la edificabilidad máxima de 13.500 m2 a los 31.148 m2 actuales, quedando aumentada esta edificabilidad máxima un 53% por encima de lo que le correspondería si se hubiese mantenido el índice de edificabilidad original.
b) El Plan Parcial sube el índice de edificabilidad s/ parcela neta de 0,42 m2e/m2s a 0,4765 m2e/m2s al aumentar el número de viviendas de 170 a 180, aumentando por lo tanto la intensidad edificatoria. También se varía el índice de edificabilidad bruta de 0,214 a 0,215 por lo que, aunque el informe de los SS.TT. indica que no se modifican parámetros estructurantes, yo entiendo que sí se modifican. La Ley del suelo 9/2001 en su artículo 35.2.c establece como Determinaciones Estructurantes, entre otras:
“La división del suelo en áreas homogéneas, ámbitos de actuación o sectores, con el señalamiento para cada uno de sus criterios y condiciones básicas de ordenación: Usos globales, áreas de reparto, edificabilidades y aprovechamientos urbanísticos.”


c) El artículo 39 de la misma LSCM 9/2001, establece claramente como calcular los índices de edificabilidad. Índices que, insisto, el Plan Parcial de este SAU-I aumenta:

Ficha Vigente: Edificabilidad máxima 31.148 m2 / Superficie del sector 145.500 m2 = 0,2140 = 0,214
Plan Parcial: Edificabilidad máxima 31.143 m2 / Superficie del sector 144.903 m2 = 0,2149 = 0,215

d) Finalmente, el Plan Parcial vulnera de nuevo la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid que en su artículo 67 establece la necesidad de modificación de el ordenamiento urbanístico para:
“2. Toda alteración de la ordenación establecida por un Plan de Ordenación Urbanística que aumente la edificabilidad, desafecte el suelo de un destino público o descalifique suelo destinado a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, deberá contemplar las medidas compensatorias precisas para mantener la cantidad y calidad de las dotaciones previstas respecto del aprovechamiento urbanístico del suelo, sin incrementar éste en detrimento de la proporción ya alcanzada entre unas y otro, así como las posibilidades de acceso real a la vivienda, y, en todo caso, asegurar la funcionalidad y el disfrute del sistema de redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos. En ningún caso será posible la recalificación para otros usos de terrenos cuyo destino efectivo sea docente, sanitario o viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o de integración social, salvo que, previo informe de la Consejería competente por razón de la materia, se justifique la innecesariedad de la permanencia de dicho destino, en cuyo caso el o los nuevos usos previstos deberán ser preferentemente públicos o de interés social.”

e) Por otra parte la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid establece tanto en el Artículo 38 como en el mismo Preámbulo (Título VII) que:

“Es una determinación estructurante, en relación con los usos del suelo, la asignación en el área de reparto en suelo urbanizable, como mínimo, del 50 por 100 de las viviendas edificables a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, de las cuales las viviendas de precio tasado no podrán superar el 25 por 100. En todo caso, se reserva a cada Ayuntamiento la facultad de determinar la tipología de las viviendas en el 10 por 100 de la superficie del suelo urbanizable.”

“Art. 38.2.- El 10 % de la superficie del área de reparto de suelo urbanizable sectorizado y de cada sector resultante en suelo urbanizable no sectorizado, será destinado a la tipología de viviendas que libremente determine cada Ayuntamiento.
En el 90 % restante del área de reparto de suelo urbanizable sectorizado y de cada sector resultante en suelo urbanizable no sectorizado, deberá destinarse, como mínimo, el 50 % de las viviendas edificables a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y de estas sólo podrá destinarse, como máximo, un 25 % a Viviendas de Precio Tasado o figuras similares que puedan aparecer en el futuro y aumenten los niveles de renta en la consideración de la protección pública.”


f) Así pues entiendo que es ilegal la aprobación de este Plan Parcial sin la reserva de suelo para Vivienda sujeta a algún régimen de Protección Pública.
3. Se está incumpliendo el artículo 48 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid.
a) Este artículo establece en su punto segundo que:
“Cuando se trate de un Plan Parcial en suelo urbanizable, además de las determinaciones contenidas en el número anterior, debe presentar para su aprobación inicial y posterior tramitación, los compromisos y garantías técnicas de sostenibilidad de las soluciones propuestas en los siguientes aspectos:
Los estudios específicos necesarios y suficientes para la adecuada conexión, ampliación o refuerzo de todos y cada uno de las infraestructuras, equipamientos y servicios públicos municipales y supramunicipales cuya prestación haya de utilizar la población futura, integrando el supuesto de que llegue a ser residente permanente y, como mínimo, su integración en las redes escolar, educativa, asistencial, sanitaria, hospitalaria, deportiva, cultural, de ocio, comercio diario, servicios de seguridad interior, bomberos y los enlaces con las infraestructuras y servicios de carreteras o vías actuales, captación y depuración de agua, luz, teléfono, gas, residuos sólidos, correos, transportes públicos urbanos y regionales por carretera o ferrocarril.”


b) Este Plan Parcial contempla la construcción de 180 viviendas lo que supone un incremento poblacional para el municipio de unos 750 habitantes. Población nueva que necesitará de unos servicios públicos, comerciales, educativos, de seguridad, etc. que el pueblo actualmente no puede proveer.
c) El Plan Parcial redactado para el SAU-I no contempla soluciones con compromisos más garantías de sostenibilidad para: su integración en las redes escolar, educativa, asistencial, sanitaria, hospitalaria, deportiva, cultural, de ocio, comercio diario, servicios de seguridad interior, bomberos, residuos sólidos, correos ni transportes públicos urbanos.
d) Este artículo 48 de la LSCM 9/2001 establece en su punto segundo apartado b) que el Plan Parcial debe contener también antes de su aprobación:

“Verificación técnica, con informe preceptivo y autorización escrita de cada órgano competente sobre su capacidad, límites y compromisos, o contratos necesarios para garantizar el abastecimiento de la demanda de los servicios públicos mínimos antes citados generada por la propuesta y, en su caso, las medidas adoptadas para satisfacerla sin sobrecostes públicos inasumibles por el órgano prestador del servicio”.

e) El pleno de Guadalix de la Sierra aprobó inicialmente este Plan Parcial sin dichos informes preceptivos a pesar de que el informe que emitieron los SS.TT. municipales que transcribo, dejaba claro su necesidad:

“Aparte de preceptivo informe de la evaluación ambiental que deberá emitir la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, se deberá solicitar informe a la Confederación Hidrográfica de Aguas del Tajo ya que el Plan Parcial actúa sobre el arroyo Sequillo encauzándolo entre viales y en otros casos lo cruza. Asimismo, se deberá solicitar informe al Canal de Isabel II para ver las condiciones de abastecimiento de agua y depuración.
De la misma forma, se ha de solicitar informes a las compañías de suministro de energía eléctrica y telefonía para establecer las condiciones de suministro de este sector.”


4. La modificación del trazado y el encauzamiento de un tramo importante del Arroyo Sequillo y su urbanización en unos márgenes muy cercanos al cauce es una irresponsabilidad en el modo que queda contemplado en el Plan Parcial:
a) Los datos de precipitación y temperatura utilizados en el proyecto abarcan el periodo 1956-1965 (solo 9 años), y por lo tanto, son irrelevantes y claramente caducados al dejar sin contemplar los últimos 41 años. Cabe aquí recordar que en los últimos 15 años este arroyo se ha desbordado varias veces y ha producido alguna inundación importante en el municipio.
b) No debería urbanizarse ningún terreno en un margen de 100 metros de anchura al estar dicho margen declarado como ZONA DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, DE POLICÍA Y SERVIDUMBRE, tal como establece el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y en su Reglamento, el Real Decreto 849/1986 del 11 de abril de 1986 modificado por el R.D. 606/2003, que define el dominio público del cauce como el terreno que cubren las aguas en sus máximas crecidas ordinarias (medible en las últimas lluvias). Se denominan márgenes los terrenos que lindan con los cauces. Las márgenes son de dominio privado pero están sujetas en toda su extensión longitudinal a una zona de servidumbre, de cinco metros de anchura, para uso público, regulada reglamentariamente y a una zona de policía, de 100 metros de anchura, que incluye a la anterior, en la que se condiciona el uso del suelo y las actividades que se desarrollan.

5. En el contexto actual del municipio y del país, inmersos como estamos en un período de sequía galopante, con veranos cada vez más secos, con una reducción demostrada en el número y cantidad de las precipitaciones en los períodos denominados húmedos (primavera, otoño e invierno), con una reducción importante del agua embalsada, etc., etc., autorizar y promover desde un Ayuntamiento una tipología de urbanización que incrementa desproporcionadamente el consumo y las necesidades de agua es completamente insostenible:
a) Según el Ministerio de Medio Ambiente:

“Durante la última sequía se produjeron reducciones muy importantes, superiores al 40%, en la escorrentía generada en la mayor parte del territorio español. Estas reducciones supusieron más de un 70% de la aportación media interanual de las cuencas del Guadiana y Guadalquivir.
Las del Sur y Tajo tuvieron una disminución del 60% y 50%, respectivamente, mientras que las cuencas del Duero, Segura, Norte I y Ebro sufrieron disminuciones comprendidas entre un 20% y un 40%. En el resto de cuencas la variación fue pequeña, y sólo en las Cuencas Internas de Cataluña se produjo un aumento respecto a la media (del orden del 15%), por lo que allí no se presentó una sequía, sino un periodo húmedo.”

b) El pasado año 2005, la Comunidad de Madrid, ante la sequía imperante en nuestra Comunidad, aprobó el DECRETO 97/2005, de 29 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecían medidas excepcionales para la regulación del abastecimiento de agua en la Comunidad de Madrid. Concretamente su artículo 1 establecía lo siguiente:
“La prohibición en todos los municipios de la Comunidad de Madrid de los siguientes usos del agua:
1. El uso de agua cuyo destino sea el riego de parques o jardines de carácter privado, salvo los catalogados como jardines históricos, o se emplee riego por goteo, agua recuperada o procedente de pozo.
2. El uso de agua cuyo destino sea el riego de praderas en parques y jardines públicos, con excepción de los catalogados como históricos, o cuando el agua proceda de pozos, se trate de agua recuperada o se emplee el sistema de riego por goteo.
3. El uso de agua cuyo destino sea el riego o baldeo de viales, calles o aceras, tanto públicos como privados, o de cualesquiera otros elementos instalados en las vías públicas o privadas, excepto que el riego sea imprescindible a juicio de cada Ayuntamiento para preservar la salud pública.
4. El uso de agua con fines puramente ornamentales en fuentes e instalaciones que no dispongan de sistema de recuperación o circuito cerrado.
5. El uso de agua para aparatos o instalaciones de refrigeración que no dispongan de sistema de recuperación o circuito cerrado.
6. El llenado y vaciado de piscinas públicas o privadas.”

c) Prohibición que aún se mantiene en parte modificada por el DECRETO 46/2006, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se dejan sin efecto parcialmente determinadas medidas para la regulación del abastecimiento de agua en la Comunidad de Madrid, aprobadas por el Decreto 97/2005, de 29 de septiembre:

"Se modifican los números 1 y 2 del artículo 1 del Decreto 97/2005, de 29 de septiembre, que quedarán redactados con el siguiente tenor literal:
“La prohibición en todos los municipios de la Comunidad de Madrid de los siguientes usos del agua:
1. El uso de agua cuyo destino sea el riego de parques o jardines de carácter privado, salvo los catalogados como jardines históricos, o se emplee riego por goteo, agua recuperada o procedente de pozo, desde las nueve hasta las veintiuna horas.
2. El uso de agua cuyo destino sea el riego de praderas en parques y jardines públicos, con excepción de los catalogados como jardines históricos, o cuando el agua proceda de pozos, se trate de agua recuperada o se emplee el sistema de riego por goteo, desde las nueve hasta las veintiuna horas.””


d) Por otra parte, durante el verano pasado y el anterior nuestro municipio sufrió cortes de agua por falta de abastecimiento al vaciarse completamente los depósitos municipales por el aumento incesante de la demanda ciudadana durante los días más calurosos del verano. El consumo de agua de los depósitos era muy superior a lo que la tubería de aducción del Canal de Isabel II (aumentada su presión al límite tolerable por ella sin reventar) podía aportar. Esta situación aún se mantiene, e incluso se ha agravado, al no haberse renovado ni ampliado la citada tubería mientras la población continúa su incremento incesante. Ampliación, por cierto, que cuando se materialice ha de ser repercutida en la parte proporcional que le corresponda a este nuevo SAU.

e) Guadalix de la Sierra es ya de por sí uno de los municipios que más agua consume de su entorno (ver cuadro). Si sumamos la población estimada resultante de este SAU más la del resto de unidades urbanísticas aprobadas por el Ayuntamiento recientemente obtendremos un aumento poblacional para el municipio de unas 4.700 personas. Considerando que la población nueva de estos SAU consuma agua como la media de la población ya asentada en el municipio. Y si, como afirma el Ayuntamiento, la población empadronada actual de Guadalix de la Sierra es de unas 4.900 personas (según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento en un Pleno reciente), el incremento poblacional será de casi del 96%. Podemos inferir, por lo tanto, que el aumento del consumo en pocos años se duplicará.

f) Así pues, el SAU-I con la promoción de 180 viviendas unifamiliares con jardín privado y con posibilidad, por tanto, de instalación de piscinas privadas constituye una irresponsabilidad inasumible e insostenible para el municipio que, actualmente, no dispone de los recursos ni de las infraestructuras para afrontar el incremento en el consumo de agua.

g) Es imprescindible tender a formas de urbanización que planifiquen instalaciones de ocio comunes, tales como piscinas, canchas de juego y jardines, limitando la planificación de instalaciones privadas individuales.

6. La depuradora del municipio se encuentra saturada, no admitiendo más caudal a tratar. Ya en 2004 se recibió en el Ayuntamiento una comunicación del Servicio de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid en la que se advertía de este asunto y en la que se solicitaba que no se aprobasen nuevos desarrollos urbanísticos en tanto en cuanto no se ampliase la depuradora o se construyese una nueva. Ni una ni otra actuación aún se han hecho ni planificado.

7. Se está incumpliendo un Acuerdo Plenario de la Corporación Municipal tomado el 23 de febrero de 2006.
a) El pasado 23 de febrero de 2006 el Pleno de la Corporación Municipal de Guadalix de la Sierra aprobó, entre otros asuntos y por unanimidad, reservar un mínimo de 12.000 m2 de suelo dotacional y, si fuese necesario, parcelas de propiedad municipal junto a la parcela del actual CEIP Alejandro Rubio. Dicho suelo tendría como destino la conformación de una parcela de 12.000 m2 sobre la que ubicar el futuro Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de nuestro municipio. La construcción de un IES es competencia de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Para el caso de los IES el suelo ha de cederse gratuitamente en propiedad a la citada Consejería de Educación. Así pues, es necesario que el suelo que se reserve para esta dotación sea urbanizable y de propiedad municipal. Transcribo el texto del acuerdo plenario tal y como está recogido en el acta correspondiente:

" Este Pleno acuerda condicionar las Cesiones Municipales (dotacionales y residenciales) y Supramunicipales del desarrollo del SAU 1 De Las NN.SS. de Guadalix de la Sierra para reservarlas junto al Colegio Público Alejandro Rubio con la finalidad de reservar una superficie de 12.000 metros cuadrados para las futuras ampliaciones del Centro Educativo (Secundaria y Bachillerato).
En caso de no contar con las cesiones de suelo supramunicipal el Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra se compromete a aportar los 12.000 metros cuadrados con el suelo de titularidad municipal (dotacional y/o residencial).


b) La redacción final de éste Plan Parcial incumple el citado acuerdo plenario de 23 de febrero de 2006 al adosar las siguientes parcelas:
1) Parcela 18, Red Local de Equipamientos Sociales y Servicios, superficie 6.669 m2.
2) Parcela 16, Supramunicipal de Equipamientos Sociales y Servicios, superficie 2.183 m2.
3) Parcela 114, Red General de Zonas Verdes y Espacios Libres, Superficie 3.034 m2.
4) La suma de las tres parcelas suman 11.886 m2, lo que ya de por sí incumple el acuerdo plenario mencionado.

c) La parcela 114 cuya superficie es de 3.034 m2 de Espacios Libres y Zonas Verdes no se puede adosar al resto de suelo para completar los 12.000 m2 necesarios para su cesión gratuita a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, tal y como han confirmado los SS.TT. municipales. Eso implica que como mucho, la parcela disponible para ceder en propiedad a la Consejería de Educación para la construcción del IES tenga una superficie de 8.852 m2, muy inferior a los 12.000 m2 comprometidos y, por otra parte, necesarios para la construcción de un centro de educación secundaria con el mínimo necesario de instalaciones.

8. En la cresta situada justo en el linde entre el SAU I y el SAU III existe un bosque de decenas de encinas centenarias y de roble albar, entre otras. Un buen número de estos ejemplares serán talados debido a su asentamiento en una zona de clasificación de suelo de Equipamientos. Siendo ésta una zona de importante valor ecológico es menester preservarla en su conjunto. Lo adecuado sería planificar toda esa zona como espacios libres de arbolado protegido.

CONCLUSIONES

1. El proceso de aprobación preliminar y tramitación del Plan Parcial del SAU-I en el seno del Ayuntamiento ha sido completamente irregular al haber intervenido en su informe un arquitecto municipal que es claramente incompatible para dicha función por ser su empresa particular, MDS Arquitectos S.L. la redactora del Plan Parcial, como ha quedado expuesto en la alegación primera.
2. Solicito la retirada y re redacción del Plan Parcial del SAU-I pues el presentado incumple las NN.SS. y la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, como ha quedado claramente expuesto en la alegación segunda.
3. Solicito la retirada y re redacción del Plan Parcial del SAU-I pues el presentado es insostenible para el municipio como ha quedado expuesto en la alegación tercera.
4. Solicito la retirada y re redacción del Plan Parcial del SAU-I pues el presentado es medioambientalmente insostenible como ha quedado expuesto en las alegaciones cuarta, quinta, sexta y octava.
5. Solicito la retirada y re redacción del Plan Parcial del SAU-I pues el presentado no garantiza el suelo de uso dotacional necesario, 12.000 m2, para la creación de un Instituto de Educación Secundaria independiente del de Soto del Real y dotado de todas las infraestructuras educativas mínimas para un centro de esas características, vulnerando, además, un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 23 de febrero de 2006 tomado por unanimidad de los concejales, tal y como ha quedado expuesto en la alegación séptima.

Reciba un cordial saludo,

Fdo.................

 

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