NOTA DE PRENSA. PLENO 18-1-07: UE 5 Y 7

Guadalix de la Sierra a 19 de enero de 2007
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Defendía León Gieco que “todos los gritos fuertes nacen de la soledad”.

Una vez más, hemos asistido a un Pleno en el que la única voz crítica en materia urbanística es la que sale de la boca del Concejal de IU. Ha quedado demostrado la sintonía en la estimación de las iniciativas presentadas por el PP y que sólo puede obedecer a la colusión de intereses, a la identificación ideológica o a la insuficiencia cognitiva sobre el particular.

Ha sido éste un Pleno paradigmático de lo que el equipo de gobierno (PP) del Ayuntamiento y los que tácitamente le apoyan (PSOE-CIGS) entienden por Urbanismo:

* Frente al uso racional de un recurso, natural y limitado como lo es el suelo, de acuerdo con las necesidades colectivas, públicas y privadas, presentes y futuras previsibles, la especulación indisimulada.

* Frente a la configuración y organización espaciales de la vida individual y social, la falta de establecimiento de unas condiciones mínimas de desarrollo sostenible del medio ambiente urbano y rural.

* Y frente a la orientación de la actuación pública en orden a hacer efectivo el derecho de todos a una vivienda digna y adecuada, la falta de interés en calificar suelo para viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y la pésima gestión del patrimonio público de suelo.

Dentro de este desolador marco IU ha centrado su intervención en dos aspectos que a su juicio cobran radical trascendencia en los puntos tratados en el Pleno: la notoria confusión de intereses públicos y privados y la constatación del desarrollo insostenible del municipio.

CONFUSIÓN ENTRE INTERESES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Se ha constatado la incompatibilidad del técnico municipal asesor pues es a la vez el redactor privado de los proyectos que informa en su labor pública. Esta incompatibilidad ha sido puesta de manifiesto por escrito por la Vicesecretaría del Ayuntamiento y no permite asegurar la necesaria objetividad en el actuar del técnico.

Existe otro dato que confirma la sospecha de la mezcolanza de intereses en el desarrollo de estas Unidades de Ejecución 5 y 7: desde hace varios meses se vienen ejecutando las obras de urbanización sin que se haya aprobado de forma definitiva el correspondiente Proyecto. Esta situación ha sido denunciada al SEPRONA y ha sido objeto de inspección por el Departamento de Disciplina Urbanística de la propia Comunidad de Madrid, estando en la actualidad a falta de resolución al respecto.

Llama poderosamente la atención la inacción de los Servicios Técnicos y la pasividad del Concejal de Urbanismo ante un hecho como éste del que, como reconoció el propio Alcalde en la última comisión informativa, tienen conocimiento desde hace bastante tiempo. La situación es completamente entendible si tenemos en cuenta que el proyecto de urbanización esté firmado por el mismo técnico que ha de levantar el acta de inspección urbanística. El concejal de Urbanismo, se ha negado a contestar al por qué de la falta de reacción municipal. Su respuesta a esta última pregunta habría sido clave para entender el objetivo que ha movido al Partido Popular de acuerdo con el PSOE-CIGS a aprobar el desarrollo urgente de estas unidades de ejecución.

EL DESARROLLO INSOSTENIBLE DE GUADALIX DE LA SIERRA

El Principio 3º de la Declaración de Río (1992) define el desarrollo sostenible como "aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades".

En el ámbito del urbanismo y más concretamente de estas actuaciones (UE-5 y 7), la aplicación de este concepto debería haber impedido su aprobación, ya que no se garantiza la capacidad de la Estación Depuradora para hacer frente a los nuevos vertidos, tal y como denunciábamos en las alegaciones presentadas.

En este sentido, desde IU hemos manifestado nuestro desconcierto ante el informe técnico municipal que informa desfavorablemente la alegación pues argumentaba el técnico firmante que la alegación carece de cálculos justificativos de la saturación de la depuradora. Sin embargo, los cálculos se encuentran en los siguientes informes:

1) Informe emitido el 15 de octubre de 2001 por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid en el que expresamente se señala que “la población adicional equivalente que se deriva de la Modificación Puntual que se informa –sectores SAU I y SAU III y Unidades de Ejecución 39 y 40- agotará prácticamente la capacidad de tratamiento de la ampliación ejecutada (de la EDAR de Guadalix), lo que deberá tenerse en cuenta para futuros desarrollos urbanos de este municipio (…)”.

2) Informe emitido el 25 de junio de 2004 por el Servicio de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid en el que se advierte que “el caudal adicional que se deriva de la Modificación puntual que se informa -relativa a las parcelas comprendidas entre las calles camino de Chozas, Eras de Abajo y Eras de En medio (Prado de la Noria) - no podrá ser tratado con las infraestructuras actuales de depuración, por lo que deberá realizarse una nueva ampliación de la estación depuradora de aguas residuales que tenga en cuenta los vertidos de los nuevos desarrollos del suelo urbano y urbanizable del municipio”. Añade que “la nueva ampliación (…) deberá ser financiada por los promotores de los nuevos desarrollos previstos en el suelo urbano y urbanizable del municipio”.

3) Informes emitidos el 30 de noviembre de 2006 por el Canal de Isabel II en relación a los desarrollos del SAU I y del SAU III, en el que se afirma que la estación depuradora “debe ser ampliada para poder admitir los vertidos de los nuevos desarrollos urbanísticos del planeamiento vigente”.

Como fácilmente puede deducirse, los informes enunciados constatan la saturación de la Depuradora no para los desarrollos urbanísticos no contemplados en las actuales Normas Subsidiarias como defiende el técnico, sino para los contemplados en las mismas. Así se impone inferir de las expresiones “nuevos desarrollos previstos” y “nuevos desarrollos urbanísticos del planeamiento vigente”.

Existe un segundo aspecto al que IU hizo referencia y que es la competencia del técnico informante. Según establece la Ley de Ordenación de la Edificación y tal y como ha ratificado el Tribunal Supremo en varias sentencias (por ejemplo, la de 14 de mayo de 1990), textualmente: “la competencia para redactar los proyectos de depuradoras de aguas residuales le corresponde exclusivamente a los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos”. El técnico firmante posee la titulación de Aparejador, lo que le inhabilita para redactar proyectos de este tipo y, en consecuencia, a juicio de IU, también para informar sobre los mismos y el estado de la instalación.

CONCLUSIONES

1. De nuevo el PP, PSOE y CIGS arropan en sesión plenaria interesadamente a un técnico municipal incurso en un proceso de incompatibilidad. Proceso de incompatibilidad que se han negado reiteradamente a resolver a pesar de contar con los informes de vicesecretaría pertinentes.

2. El Concejal de Urbanismo y el Alcalde hacen, presuntamente, dejación de sus funciones al no paralizar, teniendo conocimiento de ello, dos urbanizaciones que se han iniciado hace meses cuando aún no se habían aprobado por el Pleno ni el desarrollo de las mismas ni sus respectivos proyectos de urbanización. Proyectos de urbanización cuyo autor, curiosamente, es el técnico municipal a título particular. Estas urbanizaciones están siendo investigadas por el SEPRONA y por Disciplina Urbanística de la Comunidad de Madrid lo que, a juicio de IU, ha sido el motivo de su aprobación urgente en el Pleno del pasado jueves 18 de enero, Pleno centrado en exclusividad sobre ambas urbanizaciones.

3. Esos mismos tres grupos miran para otro lado cuando el desarrollo urbanístico privado del municipio implica repercutir los costes de las nuevas infraestructuras necesarias para ello a los promotores de las urbanizaciones. Así, por ejemplo, se dilapida impunemente patrimonio público para instalar una nueva tubería de aducción con el Canal de Isabel II que abastecerá al municipio, cuando la ley exige repercutir su costo sobre los promotores de los nuevos desarrollos pues es por ellos por los que aumenta el consumo de agua y son ellos los que generan la necesidad de esa nueva tubería de aducción. De esta manera llegamos al absurdo que supone gastar las plusvalías municipales obtenidas por la aprobación de desarrollos urbanísticos privados (10% de cesiones obligatorias) en inversiones en infraestructuras que deberían haber realizado los promotores de esos desarrollos. Esto es sencilla y llanamente dilapidar el patrimonio público en beneficio privado.

4. Con la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) estamos en el mismo caso: se aprueban los desarrollos sin exigir su ampliación a los promotores hasta que, en breve, nos encontremos con el problema de su saturación sobre la mesa y entonces será el municipio el que con su patrimonio público deba acometer su ampliación.

5. Hablar, como lo hace IU en los Plenos, de desarrollo sostenible, de promoción pública de vivienda protegida, de protección medioambiental, de exigir a los técnicos municipales su necesaria objetividad e imparcialidad, de reservar el patrimonio público exigiendo, por lo tanto, a los promotores que paguen las infraestructuras públicas necesarias para el abastecimiento y cobertura de sus promociones, hablar de todo ello genera no pocas risas nerviosas entre los Concejales del resto de grupos políticos.


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