SENTENCIA

ROLLO DE SALA N° 4/2012

PROC. LEY DEL JURADO N° 1/2011.
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 1 de Colmenar Viejo.
SENTENCIA
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
SECCIÓN DECIMOSÉPTIMA MAGISTRADA-PRESIDENTE DEL TI ILMA. SRA. Da CARMEN LÁMELA DÍAZ

En Madrid, a veintinueve de mayo de dos mil trece.
VISTA en juicio oral y público, ante el Tribunal del Jurado, la presente causa de Procedimiento de Ley del Jurado n° 1/2011, por delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, procedente del Juzgado de Instrucción n° 1 de Colmenar Viejo, contra RAFAEL MARTÍNEZ DÍAZ y contra ANTONIO SOLANO ENGUITA, ambos sin antecedentes penales y en libertad provisional por esta causa de la que no han estado privados en ningún momento, representados por la Procuradora Da Ma Jesús González Diez y defendidos por la letrada Da Begofia González Martín; y en el que han sido partes, además, el Ministerio Fiscal, como Acusación Popular Izquierda Unida Comunidad de Madrid, representada por el Procurador D. Javier Nogales Díaz y defendida por la Letrada Da María Luisa Ibernón Gallardo, y como Acusación Popular, Ecologistas en Acción, representada por el Procurador D. Eusebio Ruiz Esteban y defendida por el Letrado D. Tomás Sarmentero Llórente.

I. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de Instrucción n° 1 de Colmenar Viejo se remitió a esta Audiencia Provincial, e! procedimiento de la Ley del Jurado seguido en dicho Juzgado con el n° 1/2011, que por turno de reparto correspondió a esta Sección Decimoséptima.
SEGUNDO.- Tras la personación de las partes en esta Sección Decimoséptima de la Audiencia Provincial, se dictó auto de fecha quince de febrero de dos mil trece, en el que se fijaron los hechos justiciables, se acordó sobre las pruebas propuestas y se señaló el comienzo del juicio oral, habiéndose desestimado por auto de fecha doce de abril de dos mil trece las cuestiones previas formuladas por la defensa de los acusados.
TERCERO.- Realizados los trámites correspondientes en cuanto a la selección de jurados, el día veintitrés de mayo de dos mil trece se constituyó el Tribunal del Jurado y se inició el acto del juicio.
CUARTO.- El Ministerio Fiscal y las acusaciones populares, en sus conclusiones definitivas, calificaron los hechos como constitutivos de un delito de un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, del articulo 439 y 74 del Código Penal vigente en el momento de los hechos, respondiendo los acusados en concepto de autores, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, solicitando el Ministerio Fiscal que se les impusiera las penas de
20 meses de multa, con cuota diaria de 20 euros, y responsabilidad personal subsidiaria máxima de 10 meses, así como inhabilitación especial para empleo o cargo público por 4 años. Y pago de costas. La Acusación popular Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid solicitó la imposición de una pena de 20 meses de multa, con cuota diaria de 30 euros, y responsabilidad personal subsidiaria máxima de 10 meses, así como inhabilitación especial para empleo o cargo público por 4 anos. Y pago de costas. Y la acusación popular Ecologistas en Acción interesó la imposición de una pena de 24 meses de multa con cuota diaria de 20 euros y responsabilidad persona! subsidiaria máxima de 12 meses, así como inhabilitación especial para empleo o cargo público por 4 años. Pago de las costas.
QUINTO.- La Defensa de los acusados, por su parte, y en igual trámite mostró su disconformidad con los hechos narrados por el Ministerio Fiscal y por las Acusaciones Populares en sus escritos de calificación, estimando que los hechos no eran constitutivos de delito solicitando la libre absolución de sus defendidos. Subsidiariamente estimó que concurría la circunstancia atenuante de dilación indebida en la tramitación del procedimiento.
SEXTO.- Concluido el juicio oral, se entregó al Jurado el objeto del veredicto que, tras la correspondiente deliberación, emitió veredicto el día veintiocho de mayo de dos mil trece, en audiencia pública y en el sentido que figura en el Acta que se acompaña a la presente resolución.
SÉPTIMO.- Tras emitir el Jurado veredicto de culpabilidad, las partes emitieron el preceptivo informe sobre las penas a imponer, interesando el Ministerio Fiscal y las acusaciones la imposición de las penas ya interesadas en sus conclusiones definitivas, y la Defensa de los acusados interesó la imposición de la pena de inhabilitación en extensión de un año y la pena de multa en extensión de doce meses con una cuota diaria de dos euros.
Igualmente el Ministerio Fiscal solicito que se dedujera testimonio por la posible falsedad que se ha cometido en documento público y la acusación popular Ecologistas en Acción igualmente interesó que se dedujese testimonio contra el Alcalde de Guadix de la Sierra por delito de falso testimonio.

II. HECHOS PROBADOS
El Tribunal del Jurado ha DECLARADO PROBADOS en su veredicto los siguientes hechos:
I. HECHOS PRINCIPALES OBJETO DE ACUSACIÓN Y DEFENSA:
1o. Rafael Martínez Díaz es arquitecto, socio y coadministrador de la empresa MDS Arquitectos, S.L.
2°. Antonio Solano Enguita es arquitecto, socio y coadministrador de la empresa MDS Arquitectos, S.L.
3°. Rafael Martínez Díaz fue nombrado arquitecto honorífico del Ayuntamiento de Guadalíx de la Sierra, actuando como tal desde el mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco hasta el mes de mayo de dos mil siete.
4o. Antonio Solano Enguita fue nombrado arquitecto honorífico del Ayuntamiento de Guadaíix de la Sierra, actuando corno tal
desde el mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco hasta el mes de julio de dos mil seis.
5o. Rafael Martínez Díaz realizó en su condición de arquitecto privado proyectos de urbanización de las Unidades de Ejecución 5 y 7 de Guadalix de la Sierra, dentro de la Sociedad MDS Arquitectos, S.L.
6o. Rafael Martínez Díaz en su condición de arquitecto honorífico del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, intervino en la tramitación administrativa relativa a la aprobación y ejecución de dichos proyectos, realizando distintos informes.
7°. Antonio Solano Enguita en su condición de arquitecto honorífico del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra intervino en la tramitación administrativa relativa a la aprobación y ejecución de dichos proyectos, realizando distintos informes.
8o. Rafael Martínez Díaz actuó en todo momento conociendo la incompatibilidad de actuar como arquitecto privado y como arquitecto honorífico del Ayuntamiento en el mismo término municipal según la normativa del Colegio de Arquitectos, y siendo consciente de la existencia de un conflicto intereses privados y públicos.
9°. Antonio Solano Enguita actuó en todo momento conociendo la incompatibilidad de actuar como arquitecto privado y como arquitecto honorífico del Ayuntamiento en el mismo término municipal según la normativa del Colegio de Arquitectos, y siendo consciente de la existencia de un conflicto intereses privados y públicos.
II. HECHOS QUE DETERMINAN EL GRADO DE EJECUCIÓN:
10°. Rafael Martínez Díaz llevó a cabo la conducta descrita en el hecho 5o.
11°. Rafael Martínez Díaz Nevó a cabo la conducta descrita en el hecho 6o.
12°. Antonio Solano Enguita llevó a cabo la conducta descrita en el hecho 7°.
III. HECHOS QUE DETERMINAN LA PARTICIPACIÓN:
13°. Rafael Martínez Díaz realizó materialmente los proyectos de urbanización de las Unidades de Ejecución 5 y 7 de Guadalix de la Sierra.
14°. Rafael Martínez Díaz realizó materialmente distintos informes en la tramitación administrativa relativa a la aprobación y ejecución de dichos proyectos.
15°. Antonio Solano Enguíta realizó materialmente distintos informes en la tramitación administrativa relativa a la aprobación y ejecución de dichos proyectos.
IV.- HECHOS QUE DETERMINAN LA MODIFICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL:
16°. La denuncia por los hechos que son enjuiciados se presentó en mayo de dos mil siete, habiendo tardado Rafael Martínez Díaz y Antonio Solano Enguita seis años en ser juzgados.
El Jurado ha declarado la siguiente CULPABILIDAD DE LOS ACUSADOS:
1o. Rafael Martínez Díaz es culpable del hecho de haber realizado proyectos privados y al mismo tiempo de haber emitido informes en la tramitación administrativa relativa a la aprobación y
ejecución de dichos proyectos, conociendo la incompatibilidad para hacerlo.
2o. Antonio Solano Enguita es culpable del hecho de haber realizado proyectos privados y al mismo tiempo de haber emitido informes en la tramitación administrativa relativa a la aprobación y ejecución de dichos proyectos, conociendo la incompatibilidad para hacerlo.

I. FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El Tribunal del jurado ha considerado los hechos que han declarado probados lo han sido en base a las siguientes consideraciones:
El hecho de que Rafael Martínez Díaz y Antonio Solano Enguita sean arquitectos socios y coadministradores de la empresa MDS S.L. queda probado en las declaraciones realizadas por ellos mismos en la sala de vistas.
El hecho que Rafael Martínez Díaz y Antonio Solano Enguita fueran nombrados arquitectos honoríficos, así como las fechas de nombramientos y renuncia está probado en el certificado que con fecha dieciséis de mayo de dos mil trece expidió el entonces secretario del ayuntamiento de Guadalix de la Sierra Don Faustiniano García Laseca.
El hecho que Rafael Martínez Díaz realizara en su condición de arquitecto privado los proyectos de urbanización de las UE5 y UE7 queda probado en la presentación de dichos proyectos, firmados por el acusado.
El hecho de que Rafael Martínez Díaz, en su condición de arquitecto honorífico del ayuntamiento de Guadallx de la Sierra, interviniera en la tramitación administrativa relativa a la aprobación
y ejecución de: dichos proyectos realizando informes,: queda probado por lo manifestado por el propio Rafael en el juzgado de instrucción n° 1 de Colmenar Viejof'recuerda haber intervenido en varios informes de las unidades de ejecución 5 y 7"), que entra en contradicción con lo dicho por el acusado el día veintitrés de mayo de dos mil trece.
El hecho de que Antonio Solano Enguita en su condición de arquitecto honorífico del ayuntamiento de Guadalix de la Sierra interviniera en la tramitación administrativa relativa a la aprobación y ejecución de dichos proyectos realizando informes, queda probado porque al presentarle al acusado Antonio Solano Enguita en el juzgado de Colmenar Viejo los informes de tramitación de iniciativa y de aprobación inicial de las UE5 y UE7 manifiesta "que son intervenciones suyas", incurriendo en contradicción con lo manifestado con el mismo en la declaración de veintitrés de mayo de dos mil trece.
El hecho de que tanto Rafael Martínez Díaz como Antonio Solano Enguita actuaran en todo momento conociendo la incompatibilidad de actuar como arquitecto privado y como arquitecto honorífico en el mismo término municipal según la normativa del Colegio de Arquitectos y siendo conscientes de la existencia de un conflicto de intereses privados y públicos queda probado por sus propias declaraciones en la vista "que llegó a sus oídos"{Rafael Martínez Díaz) y "conocía la circular del Colegio de Arquitectos" (Antonio Solano Enguita); además como funcionarios públicos deben conocer la normativa sobre la incompatibilidad de funciones de trabajos públicos y privados.
Por todo lo anterior el Tribunal del Jurado consideró que Rafael Martínez Díaz y Antonio Solano Enguita llevaron a cabo las conductas anteriormente descritas.
Consideraron probado que realizaron materialmente informes en la tramitación administrativa relativa a la aprobación y ejecución de dichos proyectos, así como que Antonio Solano Enguita participó
en la realización de los proyectos UE5 y UE7 coadministrador de la empresa MDS. S.L.

Debe señalar esta Magistrada que, efectivamente, los acusados reconocieron en el acto de! juicio oral haber actuado como arquitectos honoríficos para el Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra en las fechas especificadas. Igualmente Rafael Martínez reconoció haber realizado los proyectos de ejecución de las unidades de ejecución 5 y 7 de Guadalix de la Sierra. Consta de hecho esta circunstancia en las piezas de documentos 1 y 2 de documentos, en las que aparecen firmados distintos informes técnicos por el Sr. Martínez (f. 455 de la P.1 , f. 243, 915 etc P.2) y en las que a los folios 4 de ambas piezas se hace constar que MDS Arquitectos S.L. es el autor del proyecto (f. 4 P.2 respecto a la UE5 y f.4 P.1 respecto a la UE7). También conocían su incompatibilidad como han razonado los miembros del Tribunal del Jurado. Pero es que, además, el informe emitido por José Carlos Pascual Echalecu con fecha 14.11.06, según refirió el mismo en el acto del juicio oral, se realizó precisamente debido a la incompatibilidad detectada en las actuaciones que estaba llevando a cabo en concreto el Sr. Martínez. En concreto, señaló que los acusados intervinieron cómo técnicos municipales y eso es lo que motivó el informe de incompatibilidad y que se planteó porque había firma a nivel privado por la empresa y por Rafael Martínez como arquitecto municipal, añadiendo que era un supuesto de incompatibilidad manifiesta.
Es cierto que ninguno de los acusados reconoció en el acto del juicio oral los informes unidos al expediente administrativo referido a las unidades de ejecución. Sin embargo ninguno de ellos dio respuesta lógica o racional cuando les fue puesta de manifiesto por el Ministerio Fiscal su contradicción con lo declarado en este punto en la instrucción de la causa. Así Antonio Solano, después de señalar en uno de los informes que se le enseñaron, de fecha 24.05.06, que la firma parecía la suya, y de negar que fuera suya la que aparece en el informe de fecha 21.06.06, al ponerle de manifiesto la contradicción se limitó a señalar que este segundo documento no lo había visto nunca. Sin embargo, en su declaración ante el instructor señaló que eran intervenciones suyas y se trataba de informes de iniciativa y de aprobación inicial. Y no se le pudieron enseñar en la instrucción otros documentos distintos a los que le fueron mostrados en el acto del Juicio Oral pues son precisamente estos informes técnicos de iniciativa y de aprobación los únicos que constaban como firmados por él en el expediente administrativo remitido desde el Ayuntamiento al juzgado de instrucción y testimoniado por el secretario judicial. Igualmente Rafael Martínez, cuando le fueron mostrados en el acto del Juicio Oral los informes en los que aparecía su nombre en la antefirma, se limitó a señalar que no era su firma, después de que en instrucción reconociera haber intervenido en varios informes de las UE 5 y 7, reiterando más adelante, a preguntas del Letrado del Ayuntamiento, que el informe que realizó de la UE 5 y 7 estaba ratificado por otro técnico, siendo igualmente los informes que le fueron mostrados en el acto del juicio oral los únicos que figuraban como firmados por él en el expediente administrativo testimoniado por el secretario judicial del juzgado instructor. Y es precisamente como consecuencia de esta contradicción, por lo que el Tribunal del Jurado no ha otorgado credibilidad a lo declarado por los acusados en el acto del juicio oral cuando negaron ser autores de los mencionados informes, entendiendo por ello y por el contrario que sí emitieron y firmaron tales informes. Señaló en este punto la defensa de los acusados que ninguna prueba pericial se había practicado al efecto, olvidando sin embargo que el reconocimiento de los documentos por los acusados en instrucción no hacía necesaria la práctica de tal prueba, siendo en el acto del Juicio Oral donde por primera vez se ha cuestionado su autoría por aquéllos.
Pero es que, además, José Carlos Pascual Echalecu señaló en el acto del juicio oral que los acusados actuaron como arquitectos municipales en las UE 5 y 7.
Todo ello evidencia que los hechos acontecieron en la forma en que se ha considerado probado por los miembros del jurado y que la declaración de los acusados no se ajusta a la verdad cuando niegan haber informado en el expediente administrativo de la unidades de ejecución 5 y 7.

SEGUNDO.- Los hechos declarados probados por el Tribunal del Jurado en su veredicto son legalmente constitutivos de un delito de un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, del articulo 439 y 74 del Código Penal vigente en el momento de los hechos. El Tribunal del Jurado ha considerado que ha quedado acreditado que ambos acusados realizaron proyectos privados a través de la empresa MDS Arquitectos S.L. de ía que ambos eran socios y coadministradores y al mismo tiempo emitieron informes en la tramitación administrativa relativa a la aprobación y ejecución de dichos proyectos, conociendo la incompatibilidad para hacerlo.
Tales hechos integran la figura delictiva comentada al concurrir los elementos integrantes de la citada infracción criminal. Así el tipo contenido en el art. 439 de! Código Penal exige (STS 22-10-2001 y 13-11-02) que el sujeto activo sea funcionario público. Además es necesario que el funcionario deba informar en cualquier clase de asuntos por razón de su cargo, y que con una clara puesta a disposición de sus intereses particulares de las ventajas que le concede su condición pública, aproveche tal circunstancia para forzar o facilitar cualquier forma de participación en el asunto informado.
Pues bien, los acusados eran funcionarios públicos conforme a lo dispuesto en el art. 24.2 del Código Penal que seríala expresamente que "se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas".
Y es evidente que, conforme a la certificación emitida por el Secretario del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, unida al Rollo de Sala, ambos acusados fueron nombrados con fecha 11.11.95 arquitectos honorarios por el Pleno del Ayuntamiento, y por tanto por autoridad competente, siendo públicas sus funciones cuando informaban en los distintos expedientes administrativos que se tramitaban en el Ayuntamiento, pues se encontraban al servicio de un ente público con sometimiento de su actividad al control del derecho administrativo.
Es independiente que cobraran o no por tales informes, que éstos fueran o no objetivos o que vincularan o no vincularan al Ayuntamiento pues el bien jurídico protegido lo constituye la imparcialidad de las resoluciones de la Administración. Se trata de una vulneración del deber de imparcialidad del funcionario. Además, nos encontramos ante un delito de mera actividad, bastando que se aproveche tal circunstancia, esto es, realizar el informe que debe prestarse en el ejercicio de la función pública, para forzar o facilitarse cualquier forma de participación en el asunto o negocio en el que se ha informado, participación que en el presente caso se llevó a cabo a través de MDS Arquitectos S.L. sociedad de la que ambos acusados eran socios coadministradores y que llevó a cabo los proyectos de ejecución de las UE 5 y 7, en los que ambos habían emitido varios informes en la tramitación administrativa relativa a su aprobación y ejecución. Igualmente conocían la incompatibilidad existente conforme se ha razonado en el fundamento jurídico precedente.

TERCERO.- Del expresado delito responden, en concepto de autores, los acusados, al realizar directa y materialmente los hechos que lo integran.
El Tribunal del Jurado se ha formado la convicción de su autoría, en los términos y por los motivos expuestos en los fundamentos de derecho precedentes.

CUARTO.- En la realización del expresado delito no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
El art. 21.6a del Código Penal prevé como atenuante, "la dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atríbuíble al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de ¡a causa".
El Tribunal del jurado ha declarado probado que la denuncia por los hechos que han sido enjuiciados se presentó en mayo de dos mil siete, habiendo tardado Rafael Martínez Díaz y Antonio Solano Enguita seis años en ser juzgados.
Conforme reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 01.06.11, 14.06.00, 20.02.04) habrá de atenderse para determinar la concurrencia y efectos de la citada atenuante las condiciones del culpable, los antecedentes o circunstancias del hecho y cuantos otros elementos puedan revelar especiales merecimientos en la conducta del inculpado. Como criterios a tener en cuenta en la doctrina de! Tribunal Constitucional y en jurisprudencia del Tribunal Supremo para determinar si se han producido o no las dilaciones indebidas, se encuentran: a) la naturaleza y circunstancias del litigio, singularmente su complejidad, debiendo prestarse exquisito cuidado al análisis de las circunstancias concretas; b) los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo; c) la conducta procesal correcta del demandante,
de modo que no se le pueda imputar el retraso; d) el interés que en el proceso arriesgue el demandante y consecuencias que de la demora se siguen a los litigantes; e) la actuación del órgano judicial que sustancia el proceso y consideración de los medios disponibles, etc. etc.
Al no disponerse de las actuaciones originales al haberse remitido por el juzgado instructor únicamente el testimonio a que se refiere el art. 34 de la LOTJ, se desconoce cuál fue la complejidad especifica de la investigación, pero si se deduce que fueron investigadas otras conductas que se imputaban a los acusados aun cuando finalmente únicamente se dirigiera el procedimiento contra ellos por el delito del que finalmente han sido declarados culpables por el tribunal del jurado. En todo caso, seis años es un periodo de tiempo suficientemente importante para entender que debe ser apreciada la citada atenuación, máxime cuando las acusaciones únicamente pusieron de manifiesto el hecho de que la defensa hubiera formulado bastantes recursos, hecho que se justifica en el derecho de defensa y tutela judicial efectiva que asiste a los acusados y que en sí mismo y en principio no parece que haya llevado a cabo con intención dilatoria, máxime teniendo en cuenta el contenido de las resoluciones dictadas por la sección 15a de esta Audiencia Provincial obrantes en el Rollo de Sala.

QUINTO.- En orden a la penalidad a imponer los acusados, el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios está sancionado en el art. 439 del Código Penal, vigente en el momento de la comisión de los hechos, con una pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro años. La continuidad delictiva implica que la pena deba imponerse en su mitad superior conforme a lo dispuesto en el art. 74 del Código Penal y, en su mitad inferior
conforme a lo dispuesto en el art. 66.1.1a del Código Penal. Por tanto las penas a imponer deben estar comprendidas-entre 18 a 24 meses la pena de multa y entre dos años y seis meses y cuatro años la pena de inhabilitación. Considera esta Magistrada que los delitos cometidos son graves, teniendo en cuenta que se cometieron con total desprecio a la imparcialidad que debía guiar su conducta en el ejercicio de sus funciones como arquitectos municipales y utilizando al efecto una persona jurídica interpuesta lo que contribuía a presentar su actuación como imparcial y ajena a un conflicto de intereses públicos y privados. Igualmente se tiene en cuenta la entidad de los proyectos llevados a cabo en ejecución de las unidades de ejecución 5 y 7. También debe valorarse la actitud de los acusados, quienes han desoído constantemente las recomendaciones y comunicaciones del Colegio de Arquitectos y las que se ponían de manifiesto en el seno de la Alcaldía que llevaron finalmente a solicitar el informe de incompatibilidad al secretario del Ayuntamiento. En conclusión, se estima adecuada la imposición de la pena de multa en extensión de veinte meses y de inhabilitación en extensión de tres años. La cuota diaria de la pena de multa se fija en veinte euros diarios, teniendo en cuenta que los acusados son arquitectos de profesión, ejerciendo su actividad profesional a través de una sociedad de la que son socios y coadministradores y a través de la cual llevan a cabo obras de envergadura como las que han sido ejecutadas a raíz de los hechos por los que son condenados.

SEXTO.- Procede acordar la deducción de testimonio por la posible comisión de delito de falsedad que ha sido solicitada por el Ministerio Fiscal, ya que han sido remitidos por el Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra a esta Audiencia Provincial, a instancia de la defensa de los acusados, determinados informes técnicos supuestamente emitidos en el expediente administrativo seguido en relación a los proyectos de ejecución de las Unidades de ejecución 5 y 7 cuyo contenido es idéntico al de aquellos que constan emitidos por los acusados y que obran en el testimonio que del citado expediente fue remitido por el juzgado Instructor. Sin embargo aquellos aparecen firmados por técnico distinto. Por ello, y pudiendo ser falsos los informes remitidos a esta Audiencia Provincial, procede acceder a la pretensión deducida por el Ministerio Fiscal.
En el mismo sentido, habiendo manifestado el Alcalde de Guadalix de la Sierra D. Ángel Luis García Yuste en el acto del Juicio Oral que Rafael Martínez no emitió informes en la tramitación administrativa relativa a la aprobación y ejecución de los proyectos relativos a las unidades de ejecución 5 y 7 cuando en el testimonio del expediente administrativo remitido por el juzgado consta su firma en varios informes, tal y como el Tribunal del Jurado ha declarado probado y ha sido razonado en el fundamento de derecho primero de la presente resolución, y habiendo contestado con evasivas a las distintas preguntas que se le hicieron para tratar de aclarar esta circunstancia, procede deducir también testimonio contra aquel, tal y como solicitó la acusación popular Ecologistas en Acción, por si hubiera podido incurrir en delito de falso testimonio.

SÉPTIMO.- Las costas procesales vienen impuestas legalmente a todo responsable de delito, a tenor de lo dispuesto en los arts. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 123 del Código Penal, por lo que el acusado viene obligado a su pago.
No se incluirán sin embargo las ocasionadas por la acusación popular, que tampoco han sido solicitadas expresamente por ninguna de ellas. En este punto es clara y reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS S 30-6-2008) que ha venido manteniendo la general exclusión de las costas de la acusación popular (SSTS 224/95, de 21-2; 649/96, de 2-2; 2/98 de
29-7; 1237/98, de 24-10; 515/99, de 29-3; 1490/2001, de 24-7; 1811/2001, de 14-5 y 1798/2002, de 31-10).
En efecto, el art. 240-3 L.E.Cr. prevé la imposición de costas al querellante particular o actor civil; y de ello no puede deducirse nunca, por hermenéutica de sentido contrario, que la acción popular, posibilitada constitucionalmente por el art. 125 CE. y en consonancia con él los arts. 19 LOPJ y 101 LECr., produzca una inflexión en los gastos del proceso repercutibles sobre la parte acusada. Cierto es que la condena en costas no se concibe ya como sanción sino como mero resarcimiento de gastos procesales; pero no menos exacto es que el ejercicio de la acción popular por un ente no imbricado en la dinámica delictiva nunca puede, cuando existe una acusación pública oficial ejercitada por el Ministerio Fiscal, dar origen a tal forma de resarcimiento que repercutiría aditivamente sobre el acusado condenado (SSTS 224/95, de 21-2 y 649/96, de 2-2).
La jurisprudencia de esta Sala ha declarado reiteradamente que el ejercicio de la acción popular por personas o entidades que no han sido directamente afectadas por los hechos delictivos nunca pueden dar origen al pago o resarcimiento de las costas originadas por su actuación procesal. ...
En excepcionalísimas ocasiones, siempre plenamente justificadas, se han impuesto al acusado las costas de la acusación popular, y aunque es cierto que tal instituto (derecho constitucional, art. 125 CE.) puede apartarse de su esencial función, convirtiéndose en objeto de abusos o usos instrumentales en el contexto de estrategias políticas o de otra índole, ello no debe gravar la posición de quienes, haciendo de él un uso acorde con sus fines constitucionales, contribuyan a dar efectividad al orden jurídico.
Serían perfectamente imponibles las costas en la proporción que determine el Tribunal en aquellos casos en que lejos de cualquier uso torticero o instrumental del instituto y sin existir acusador particular o cuando habiéndolo no se ha constituido en parte, la actuación de la acusación popular, además de no perturbadora o disonante con las pretensiones del Fiscal o las acogidas por el Tribunal (exigencia impuesta a la acusación particular), ha contribuido con su intervención de manera decisiva o notoria a descubrir y desenmascarar el delito, denunciando los hechos o sosteniendo pretensiones acogibles, no aducidas por el Fiscal.
No ocurre esto en el supuesto de autos, en el que si bien, la personación de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid y Ecologistas en Acción no puede considerarse caprichosa, ha sido el Ministerio Fiscal el que ha llevado la iniciativa en el acto del Juicio Oral, sin que la actuación de la acusación popular aparezca decisiva en las presentes actuaciones, habiéndose limitado su actuación básicamente a apoyar las pretensiones deducidas por el Ministerio Fiscal.
Vistos los preceptos citados y demás de aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Tribunal del Jurado,

FALLO
Conforme al veredicto de culpabilidad expresado por el Tribunal del Jurado, CONDENO a los acusados RAFAEL MARTÍNEZ DlAZ y ANTONIO SOLANO ENGUITA, como autores responsables de un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios, concurriendo la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante de dilaciones indebidas, a la pena individualizada de MULTA en extensión de VEINTE MESES, con una cuota diaria de veinte euros y responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas que resultaren impagadas, con extensión máxima de diez meses, y a la pena, a cada uno de ellos, de INHABILITACIÓN especial para empleo o cargo público en extensión de TRES AÑOS, así como al pago por mitad de las costas procesales con exclusión de las generadas por las Acusaciones Populares.
Únase a esta resolución el Acta del Jurado.

Remítase al Juzgado de Instrucción Decano de Colmenar Viejo el testimonio del expediente administrativo remitido por el juzgado instructor y los documentos originales remitidos a esta Audiencia Provincial por el Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra a instancia de la defensa de los acusados, quedando testimonio en las actuaciones, así como testimonio del acta del Juicio Oral y grabaciones de las sesiones del juicio, a los efectos señalados en el fundamento de derecho sexto de la presente resolución.
Notifíquese esta Sentencia al condenado, al Ministerio Fiscal, a las partes personadas y a las demás personas a que se refieren los arts. 248.4 y 270 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Igualmente, cúmplase lo dispuesto en el art. 266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Contra la presente sentencia puede interponerse, dentro del plazo de los diez días siguientes a la última notificación de la misma, recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y de lo Penal
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, y de la que se llevará certificación al Rollo de Sala, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la lima. Sra. Magistrado Presidente estando celebrando Audiencia Pública en la Sección Decimoséptima, en el día de su fecha; Doy fe.-


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